Otro escrito recibido...
"En nombre del Comité Ejecutivo del sindicato Unión Canaria de Profesores Licenciados (UCPL)Mª Dolores Guevara Espinosa
Cada vez que el colectivo docente de Canarias hace cualquier tipo de reivindicación, recibe como respuesta un insulto de algún miembro del Gobierno de Canarias. Así lo hicieron José Mendoza y José Carlos Mauricio, y así lo ha hecho la actual Consejera de Educación, Milagros Luis Brito. Era de esperar.La Consejera, que llega in extremis al cargo para cubrir así una cuota de partido, que no es docente ni conoce lo más mínimo las características del sistema educativo canario, que no se ha enterado de que ponerse en huelga es un derecho que asiste a cualquier trabajador, se permite el lujo de escribir una carta abierta, en la que –con buenas dosis de demagogia y escaso talento literario-, no duda en desprestigiar a los cerca de 25.000 docentes del archipiélago ante toda la opinión pública, usando como argumento un puñado de mentiras y de medias verdades. ¡Ella!, que dice buscar la mejora de la calidad y querer dignificar el sistema público educativo. La misma que se ha mostrado absolutamente incapaz de afrontar las reivindicaciones económicas del profesorado con un mínimo de coherencia. ¡Ella!, que dice trabajar por los alumnos y sus familias, pero que pertenece a un Gobierno en el que uno de los partidos que lo forman, CC -el suyo justamente-, es el principal responsable del caos y el descrédito en el que está sumida la educación en esta “realidad archipielágica ultraperiférica y fragmentada” (vulgo Canarias). ¡Ella!, que tiene de socio a un partido, el PP, que dijo en plena campaña electoral apoyar nuestras demandas y prometió elevar la inversión en Educación, y ha terminado por darle menos peso aún en los presupuestos autonómicos de 2008 que el que tenía anteriormente. ¡Ella!
Dice la Consejera que somos los docentes mejor pagados de España, especialmente si se trabaja en islas no capitalinas. Eso es absolutamente falso. El profesorado dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia cobra más que cualquiera de nosotros, y nuestros sueldos empeoran a medida que avanza nuestra vida laboral, alejándonos significativamente de las demás comunidades autónomas. Por el contrario, Paulino Rivero es el sexto presidente mejor pagado de España (79.963,54 €/año), por delante de presidentes de comunidades autónomas con un PIB y una renta per cápita superiores a Canarias, tal es el caso de Navarra, Cantabria o Andalucía. De hecho, Paulino cobra apenas 600 € mensuales menos que el Presidente del Gobierno del Estado. Además, en Canarias que es la tercera comunidad autónoma en número de mileuristas, el sueldo de los Consejeros del Gobierno es también de los más altos de España, y en esas cuentas no entran dietas ni otras cantidades que llegan a las cuentas bancarias de algunos sin pasar por nóminas. Milagros Luis cobra, según consta en el BOC, 69.658,30 € anuales brutos al año, y podrá consolidar su sueldo, convirtiéndose así en eterna consejera en apenas dos años. Lo haga bien, o lo siga haciendo como hasta ahora. Sus sueldos están sobredimensionados, practican el nepotismo más descarado manteniendo una cohorte de altos cargos de no siempre probada cualificación y de dudosa necesidad, y todo ello no se refleja en una mejora de la gestión o del funcionamiento de la administración autonómica. Eso también lo pagamos todos con nuestros impuestos a través de los presupuestos autonómicos. El ejemplo es, sin duda, el caos en que están sumidas la Sanidad y la Educación, dos pilares básicos del Estado del Bienestar.
Pero las afirmaciones económicas de la Consejera intentan desviar la atención de una realidad sangrante: el colectivo docente tiene el derecho, reconocido en 1991 por el Gobierno de Canarias en forma de ley, a percibir el mismo salario que cualquier funcionario autonómico que ocupe un puesto base, a igualdad de grupo y nivel. La Consejera, su Viceconsejero y su Director General de Personal, que han sido nuestros interlocutores, se han negado a hablar siquiera de ello. No es una cuestión de legalidad de nuestras reclamaciones, sino de voluntad política. Y esa falta de voluntad política de este Gobierno se disfraza con expresiones grandilocuentes y hueras, como que no puede adoptar “compromisos que hipotequen el futuro”. Tiene guasa que eso lo diga desde uno de los dos partidos que mantienen un ejecutivo que, como calco de lo que hemos tenido en los últimos catorce años, ha hipotecado el futuro de nuestras instituciones, de nuestra economía y de la credibilidad de nuestro sistema ante la opinión pública. Un auténtico gobierno del caso: el caso Amorós, el caso Las Teresitas, el caso Tindaya, el caso ICFEM, el caso Eolo, el caso Faycán, el caso Mogán, el caso Brisan… Unos auténticos campeones del trinking en su modalidad olímpica. Todo eso también lo paga la ciudadanía.
Si la Consejera tiene un interés real por aprender a mejorar el sistema educativo, podría tomar nota de lo siguiente. Primero, que si el sistema se ha mantenido durante los años del caos y el desgobierno ha sido a pesar de la Consejería de Educación del Gobierno Canario, y gracias a la dedicación y la profesionalidad del colectivo docente. En segundo lugar, que si no realiza una inversión adecuada en medios e infraestructuras, mal podrá desarrollarse la labor educativa en condiciones (si habláramos de los entresijos del Proyecto Medusa…). Si no se mejora la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos que ya se poseen, se seguirán manteniendo las diferencias entre islas, zonas y centros, que hacen sufrir una triple insularidad a muchos de nuestros alumnos. Tiene que trabajar por lograr que el alumnado canario alcance el mayor nivel de formación al terminar su proceso educativo. Y tiene que mejorar el salario de los docentes y trabajar por prestigiar su figura (y con ella la del propio sistema), ante toda la sociedad. De lo contrario, seguiremos estando a la cola de España y de Europa en cuanto a resultados educativos, y eso sí que lo pagará la sociedad canaria a medio y largo plazo. A ver si se le ve el detalle de empezar a ponerle remedio al disparate que los suyos han creado, pero usando mejores maneras."
Dice la Consejera que somos los docentes mejor pagados de España, especialmente si se trabaja en islas no capitalinas. Eso es absolutamente falso. El profesorado dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia cobra más que cualquiera de nosotros, y nuestros sueldos empeoran a medida que avanza nuestra vida laboral, alejándonos significativamente de las demás comunidades autónomas. Por el contrario, Paulino Rivero es el sexto presidente mejor pagado de España (79.963,54 €/año), por delante de presidentes de comunidades autónomas con un PIB y una renta per cápita superiores a Canarias, tal es el caso de Navarra, Cantabria o Andalucía. De hecho, Paulino cobra apenas 600 € mensuales menos que el Presidente del Gobierno del Estado. Además, en Canarias que es la tercera comunidad autónoma en número de mileuristas, el sueldo de los Consejeros del Gobierno es también de los más altos de España, y en esas cuentas no entran dietas ni otras cantidades que llegan a las cuentas bancarias de algunos sin pasar por nóminas. Milagros Luis cobra, según consta en el BOC, 69.658,30 € anuales brutos al año, y podrá consolidar su sueldo, convirtiéndose así en eterna consejera en apenas dos años. Lo haga bien, o lo siga haciendo como hasta ahora. Sus sueldos están sobredimensionados, practican el nepotismo más descarado manteniendo una cohorte de altos cargos de no siempre probada cualificación y de dudosa necesidad, y todo ello no se refleja en una mejora de la gestión o del funcionamiento de la administración autonómica. Eso también lo pagamos todos con nuestros impuestos a través de los presupuestos autonómicos. El ejemplo es, sin duda, el caos en que están sumidas la Sanidad y la Educación, dos pilares básicos del Estado del Bienestar.
Pero las afirmaciones económicas de la Consejera intentan desviar la atención de una realidad sangrante: el colectivo docente tiene el derecho, reconocido en 1991 por el Gobierno de Canarias en forma de ley, a percibir el mismo salario que cualquier funcionario autonómico que ocupe un puesto base, a igualdad de grupo y nivel. La Consejera, su Viceconsejero y su Director General de Personal, que han sido nuestros interlocutores, se han negado a hablar siquiera de ello. No es una cuestión de legalidad de nuestras reclamaciones, sino de voluntad política. Y esa falta de voluntad política de este Gobierno se disfraza con expresiones grandilocuentes y hueras, como que no puede adoptar “compromisos que hipotequen el futuro”. Tiene guasa que eso lo diga desde uno de los dos partidos que mantienen un ejecutivo que, como calco de lo que hemos tenido en los últimos catorce años, ha hipotecado el futuro de nuestras instituciones, de nuestra economía y de la credibilidad de nuestro sistema ante la opinión pública. Un auténtico gobierno del caso: el caso Amorós, el caso Las Teresitas, el caso Tindaya, el caso ICFEM, el caso Eolo, el caso Faycán, el caso Mogán, el caso Brisan… Unos auténticos campeones del trinking en su modalidad olímpica. Todo eso también lo paga la ciudadanía.
Si la Consejera tiene un interés real por aprender a mejorar el sistema educativo, podría tomar nota de lo siguiente. Primero, que si el sistema se ha mantenido durante los años del caos y el desgobierno ha sido a pesar de la Consejería de Educación del Gobierno Canario, y gracias a la dedicación y la profesionalidad del colectivo docente. En segundo lugar, que si no realiza una inversión adecuada en medios e infraestructuras, mal podrá desarrollarse la labor educativa en condiciones (si habláramos de los entresijos del Proyecto Medusa…). Si no se mejora la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos que ya se poseen, se seguirán manteniendo las diferencias entre islas, zonas y centros, que hacen sufrir una triple insularidad a muchos de nuestros alumnos. Tiene que trabajar por lograr que el alumnado canario alcance el mayor nivel de formación al terminar su proceso educativo. Y tiene que mejorar el salario de los docentes y trabajar por prestigiar su figura (y con ella la del propio sistema), ante toda la sociedad. De lo contrario, seguiremos estando a la cola de España y de Europa en cuanto a resultados educativos, y eso sí que lo pagará la sociedad canaria a medio y largo plazo. A ver si se le ve el detalle de empezar a ponerle remedio al disparate que los suyos han creado, pero usando mejores maneras."
